En Nicaragua, el gobierno cierra dos universidades vinculadas a la Iglesia Católica
Dos universidades vinculadas a la Iglesia Católica fueron cerradas este martes por el gobierno de Ortega en Nicaragua.
En Nicaragua, dos universidades vinculadas a la Iglesia Católica fueron cerradas este martes por el gobierno, que también decretó la incautación de sus bienes. Esta decisión fue anunciada al día siguiente de la privación de personería jurídica a 18 sindicatos de empleadores como parte de una vasta campaña contra los opositores.
Las medidas tomadas contra las universidades, que tienen campus en varias ciudades, han sido publicadas en el Diario Oficial. Su estatus legal ha sido revocado debido a supuestos incumplimientos de una ley reciente aprobada por el parlamento, un aliado de la presidencia.
Su propiedad será incautada y transferida al estado. La información sobre los estudiantes y profesores que serán reincorporados a otras instituciones acreditadas, debe ser presentada al Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El gobierno del presidente Daniel Ortega es acusado por laONU, cancillerías occidentales y organizaciones de derechos humanos para aplastar toda oposición. Desde las protestas antigubernamentales violentamente reprimidas en 2018, que dejaron más de 350 muertos, cientos de opositores han sido encarcelados en Nicaragua y más de 100 optaron por el exilio.
Entre los abusos destacados en el informe, el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua denuncia "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en su propio país".
Los expertos denuncian que la población “vive con temor a las acciones que el propio gobierno pueda emprender contra ellos”.
“Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, constituyendo crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación forzada y persecución por motivos políticos”.
Afirman que las violaciones a los derechos humanos, que vienen ocurriendo desde abril de 2018, "no son un fenómeno aislado, sino producto de un proceso planificado de desmantelamiento de la separación de poderes y garantías democráticas y 'una fuerte concentración de poder en las figuras de el Presidente y el Vicepresidente de la República”.
Ángela Buitrago, experta del grupo de la ONU, añade que “todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como arma de persecución contra la población”.
“Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado perseguir, criminalizar y eliminar todas las voces de oposición. Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y líderes territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país".
El gobierno de Ortega, sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, se enfrentó a representantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, quienes denunciaron numerosas violaciones a los derechos humanos, incluida la detención de cientos de opositores, entre ellos varios candidatos a la sucesión. del presidente, encarcelado antes de las elecciones presidenciales de 2021.
MC (con AFP)
