Profesionales de la protección infantil al borde de su ingenio

El trabajo social está en crisis, y en particular el sector de la protección infantil. Esta es la triste constatación que se desprende del mundo del campo: educadores especializados, trabajadores sociales, familias de acogida, técnicos de intervención social y familiar...

Como prueba, el huelgas organizadas por profesionales para denunciar sus condiciones de trabajo: rotación incesante, dificultades de contratación, sobrecarga de archivos, pérdida de sentido, salarios bajos.

Sin embargo, ¿cómo podemos asegurar un trabajo de calidad con la población vulnerable que constituye el 312 menores y 500 adultos jóvenes apoyado por la Asistencia Social a la Infancia – aproximadamente la mitad de los cuales es objeto de una medida de colocación (cifras de 2019) cuando usted mismo se siente debilitado por sus condiciones de trabajo?

Uno de los principales problemas es la falta de personal. Para remediarlo, sucede que los establecimientos sociales y médico-sociales que atienden a menores y jóvenes utilizar trabajadores temporales o personas no cualificadas.

La calidad del servicio y la necesidad de estabilidad que exige la protección de la infancia son entonces difíciles de garantizar. Otros establecimientos simplemente no puedo reclutar más y permanecer con poco personal, trasladando la carga de trabajo al equipo existente.

Entre los asistentes familiares, profesionales homologados de la familia de acogida que acogen a los jóvenes en sus casas, la situación no es mejor: muchos están hacinados, el "excepcional" rebasamiento del número máximo de niños alojados, a saber, tres, se convierte en la norma.

La ola de jubilaciones que viene no va a mejorar la situación. Así, para los niños, al maltrato familiar se suma una forma de maltrato institucional.

Factores agravantes

Los desafíos que enfrentan los trabajadores sociales en la protección infantil, aunque no son nuevos, posiblemente se han visto exacerbados por la crisis de salud. con intensa sobrecarga de trabajo.

Estos "trabajadores de emergencia de campo" tuvieron que enfrentar nuevos desafíos sin necesariamente ser apoyado por las autoridades públicas.

Por ejemplo, durante el primer confinamiento, no estaban inmediatamente entre las personas prioritarias en cuanto al cuidado de los niños, a diferencia de los profesionales sanitarios a los que se les habían asignado plazas en las guarderías.

Además, la realidad de la protección infantil es suficiente para desanimar a los profesionales más experimentados. Las cargas presupuestarias a las que están sujetos los departamentos (sobre todo desde la introducción de la Renta Solidaria Activa en 2009, que ahora constituye la mayor partida de gasto de las entidades locales) ya no les permiten llevar a cabo todas sus misiones de protección desde la infancia. .

Así, una medida de asistencia educativa ordenada por un juez de menores puede tardar varias semanas en implementarse, incluso varios meses dependiendo del territorio en el que se encuentre. De hecho, aunque la oferta de acogida se está ampliando, la demanda sigue siendo mayor y, sobre todo, las soluciones propuestas no están necesariamente en consonancia con las necesidades de los niños.

[Más de 80 lectores confían en el boletín The Conversation para comprender mejor los principales problemas del mundo. suscríbete hoy]

La intervención del trabajador social se producirá entonces en un contexto familiar más que degradado y que perderá todo su sentido. ¿Cómo explicarle a un niño que corre peligro con sus padres pero que no es posible asegurar su protección inmediata?

Además, los perfiles de los niños acogidos bajo protección infantil han evolucionado a lo largo de los años. De hecho, el Francia ha tenido que hacer frente a los flujos migratorios y la llegada a su territorio de menores no acompañados sin disponer necesariamente de los medios adecuados para asegurar el cuidado material de estos casi 20 niños (cifras de 000), de ahí los alojamientos en el hotel con el derivas que esto puede generar.

La barrera del idioma, los traumas sufridos durante el viaje, las diferentes costumbres constituyen otros tantos obstáculos para los profesionales.

Además, algunos niños en estructuras de protección infantil padecer problemas médicos : así, en un informe de 2011, la Inspección General de Asuntos Sociales constató que una cuarta parte de los niños a cargo bajo Bienestar Infantil se vieron afectados por trastornos mentales.

Ante estas nuevas caras de los niños, el personal no está lo suficientemente capacitado y equipado para brindar el apoyo adecuado.

Además, la imagen de la trabajadora social se ha visto rayada tras las denuncias de los fracasos de la Asistencia Social a la Infancia, fenómeno que algunos profesionales llaman “ASE bashing”, lo que lamentablemente puede resultar en una desconfianza de las familias frente a la institución de protección del niño y una devaluación de los oficios.

Las soluciones propuestas.

Para hacer frente a esta crisis vocacional, la Convención Nacional de Asociaciones de Protección a la Infancia (CNAPE) ha dado la voz de alarma y ha realizado una serie de recomendaciones para fomentar el atractivo de estas profesiones.

Las proposiciones consistir, por ejemplo, en un aumento de los salarios (algunos trabajadores sociales no ganan más que el salario mínimo, una mejora de las condiciones de trabajo (acceso más fácil a las guarderías, por ejemplo), una campaña de comunicación positiva dirigida al público en general en las profesiones de protección infantil o incluso una adaptación de la formación profesional.

Por el lado del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE). En un dictamen adoptado el 12 de julio, se emiten las mismas recomendaciones: dar sentido al trabajo social, garantizar una tasa de supervisión del público y ratios de personal cualificado, centrar los recursos en la formación, lanzar una campaña nacional sobre las profesiones sociales.

La dificultad volverá a ser por los medios económicos que deberán inyectarse para dar respuesta a estos agravios. El legislador ya ha llevado a cabo la aumento de los sueldos de los profesionales, a través de la prima Ségur, de 183 euros netos mensuales. Pero en un contexto global de crisis del poder adquisitivo, esto parece bastante insuficiente.

En realidad, la crisis que vive el personal de protección de menores solo puede resolverse con los medios adecuados y una respuesta a las necesidades de los actores en el terreno. Durante su reelección, Emmanuel Macron declaró que quería hacer de la protección de la infancia una de las principales causas de su mandato de cinco años, sin embargo, sin ofrecer a este tema un ministerio dedicado, lo que podría haber sido un marcador fuerte. Mientras tanto, a veces son los departamentos, líderes en protección infantil, los que movilizarse. Pero, ¿será esto suficiente para proporcionar la 64 vacantes en trabajo social?

Amélie Niemiec, Investigador Asociado de la Cátedra Niños y Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lille, Instituto Católico de Lille (ICL)

Este artículo ha sido publicado de nuevo. La conversación bajo licencia Creative Commons. Lee elarticulo original.

Crédito de la imagen: Shutterstock/fizkes

© Info Chrétienne - Autorización de reproducción parcial corta seguida de un enlace "Leer más" a esta página.

APOYAR INFORMACIÓN CRISTIANA

Info Chrétienne al ser un servicio de prensa online reconocido por el Ministerio de Cultura, tu donación es deducible de impuestos hasta en un 66%.