RSA: La no utilización de la asignación, un problema mucho mayor que el fraude

En la primavera de 2022, el candidato a presidente Emmanuel Macron creó el controversia al proponer reformar los derechos y deberes de los perceptores de la Renta Activa Solidaria (RSA). El Jefe de Estado, reelegido desde entonces, había querido establecer una “obligación de trabajar de quince a veinte horas semanales” para favorecer su integración profesional.

Para algunos es indecente aumentar la culpa de las víctimas de la crisis. Amenazados por la pobreza, tienen que hacer frente más que nadie a la disminución de su poder adquisitivo y deben ser apoyados por ayudas automáticas e incondicionales. Para los demás, el acceso al empleo debe ser una prioridad y es importante reformar el componente no monetario de la RSA, para fortalecer los apoyos y también los controles...

Emmanuel Macron propone una reforma de la RSA con “15 a 20 horas” de actividad semanal (Public Sénat, 17 de marzo de 2022).

Este debate tiene, sin duda, una dimensión ideológica, incluso política. Sin embargo, es un tema importante, tanto desde una perspectiva de investigación como de política pública.

sospecha creciente

Como se recordó a principios de año la buena relación del Tribunal de Cuentas, el número de beneficiarios ha aumentado irresistiblemente año tras año desde la introducción de la RSA en 2009, como ya ocurría con el número de beneficiarios de la renta mínima de integración (RMI) a la que sustituyó (véase el gráfico ). La crisis sanitaria ha añadido un bache a la serie temporal, que ahora está en vías de ser absorbida, pero la tendencia sigue ahí, paralela a la del aumento de la duración del paro. Si esta tendencia no es sostenible, principalmente no lo es a nivel presupuestario.

En 2020, la RSA constituyó una base de ingresos para 2,1 millones de hogares, es decir, más de 4 millones de personas con cónyuge e hijos a cargo, para un gasto público anual de 15 millones de euros sumando la bonificación de actividad y apoyo, es decir, menos de las tres cuartas partes de un punto del PIB. Su cuantía media ronda los 7000 euros anuales y por hogar beneficiario, lo que la convierte en una de las ayudas públicas de menor coste en relación a su impacto social.

Paralelamente al aumento del número de beneficiarios, la opinión pública ha evolucionado con respecto a los mínimos sociales. Muchos índices convergentes confirman en particular la creciente desconfianza hacia los beneficiarios de la asistencia social.

Una Investigación de Credoc publicado en 2018 indicó así que una gran mayoría de los franceses suscribe la idea de que las Cajas de Asignación Familiar (CAF) no controlan suficientemente la situación de los beneficiarios. Más del 80% en 2018 compartían este sentimiento, frente al 64% veinte años antes.

De acuerdo con un encuesta más reciente de Unédic, la mayoría de los franceses cree que los buscadores de empleo tienen dificultades para encontrar trabajo porque no hacen concesiones en su búsqueda de empleo. Además, para el 55% de los encuestados, los desempleados no trabajan porque corren el riesgo de perder su prestación por desempleo.

¿Cómo perciben los franceses el desempleo y los parados? (unedictv, febrero de 2022).

Finalmente, los politólogos Vincent Dubois y Marion Lieutaud estudiaron los casos de fraude social explotando un corpus de 1 preguntas parlamentarias formuladas entre 108 y 1986. De raras, incluso inexistentes al comienzo del período, aumentaron gradualmente hasta convertirse en un completo tema de debate político en toda regla. Su formulación revela una endurecimiento progresivo de posiciones, más particularmente con respecto a las fracciones más desfavorecidas del espacio social, y un debilitamiento concomitante del discurso crítico con respecto a tales tendencias.

El fraude sigue siendo la excepción

Aparece entonces muy claro el contraste entre este sentimiento creciente y los resultados de las acciones de control realizadas por las instituciones encargadas del seguimiento de los beneficiarios. Estos últimos muestran que los fraudes se concentran en una minoría muy pequeña de beneficiarios y que se deben principalmente a ciertas redes organizadas. Según el Tribunal de Cuentas, el importe acumulado de las ayudas indebidas representa 3,2% de las prestaciones sociales. Los casos existen y son ampliamente difundidos por los medios, pero siempre son la excepción. Si bien es importante luchar contra estos delitos, el papel de las autoridades públicas es no mantener el clima de sospecha que prevalece contra la gran mayoría de los beneficiarios que respetan las normas.

En completo contraste, la investigación de las ciencias sociales sobre la RSA muestra, por el contrario, que el hecho dominante es el de la permanencia y generalidad de una no utilización masiva de los beneficios sociales destinados a apoyar a los hogares de bajos ingresos. Así, una proporción significativa de los hogares con derecho a la asistencia social no se beneficia realmente de ella. Esto se debe principalmente a la falta de demanda por su parte.

Los las razones son multiples pero implican dificultades para realizar los trámites administrativos y el estigma asociado a la solicitud de ayudas: en 2018, un tercio de los hogares elegibles RSA se encuentran así en situación de no recurso cada trimestre; 1 de cada 5 hogares se encuentra en situación de no recurso permanente durante todo el año. La no aceptación también afecta a las poblaciones más vulnerables del público objetivo, como gente sin hogar.

Controles con efectos inesperados

Sin embargo, la creciente desconfianza hacia los beneficiarios de las prestaciones ha llevado a una intensificación de su seguimiento ya la supervisión de sus procesos de inserción profesional y social. Como contraprestación de sus derechos, los destinatarios tienen deberes que se concretan en varias etapas, como la firma de un contrato de trabajo o de un proyecto personalizado, y luego la participación en iniciativas de integración (social o profesional). Sin embargo, la participación en estos enfoques sigue siendo baja por razones que se deben en parte a las dificultades encontradas por los departamentos para organizar el apoyo de manera satisfactoria.

Para aumentar la participación, algunos departamentos han cambiado su política de acción social. A experimento controlado así se ha implementado en Seine-et-Marne. Este consistía en variar el contenido de las cartas invitando a los destinatarios a registrarse para recibir apoyo. Sin embargo, la simplificación de las cartas y la adición de elementos de incentivo no permitieron aumentar sustancialmente la participación en el proceso de integración.

Otro departamento ha optado por una actuación más coercitiva consistente en realizar un seguimiento de la situación de todos los destinatarios y enviar un mensaje de alerta, seguido de una sanción en forma de reducción de la asignación si la situación no cambia. Estas cartas de advertencia aumentaron mucho la participación en las primeras etapas. de la ruta de inserción. Pero estas notificaciones también aumentaron las salidas de RSA.

El estudio no permite identificar si las salidas van hacia el empleo o si corresponden a un cese en el cobro del subsidio por parte de las personas que aún tienen derecho. Sin embargo, parece probable que estos controles desalienten a los destinatarios y aumenten su falta de aceptación. Una mayor intensidad del control incrementa los costes que soportan los perceptores para acceder a la prestación, lo que puede llevarles a renunciar a la prestación ya su proceso de integración, es decir, exactamente al contrario del objetivo perseguido.

La epidemia de Covid-19 fue un poderoso recordatorio de la resiliencia del modelo de protección social francés, capaz de hacer frente a una crisis económica y social de muy gran escala. La crisis sanitaria ha demostrado que los riesgos de perder el trabajo y caer en la pobreza atañen a toda la población y que es necesario contar con un mecanismo colectivo de aseguramiento y asistencia. En el debate actual, no es solo el componente monetario el que debe reformarse, sino la forma en que se despliega el apoyo y los medios que se le asignan para reducir mejor las vulnerabilidades sociales.

Yannick L'Horty, economista, profesor universitario, Universidad Gustave Eiffel; Rémi Le Gall, Investigador (postdoctorado), Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) et Sylvain Chareyron, Profesor de Economía, Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

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Crédito de la imagen: Shutterstock.com/GERARD BOTTINO

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